La primera semana de junio fue suscrita en París una declaración conjunta en la que representantes de 27 regiones metropolitanas europeas se comprometieron a acelerar la transición hacia los vehículos eléctricos en sus redes de transporte público. Esta declaración se tomó en el marco del 20º aniversario de la Asociación de Autoridades Metropolitanas de Transporte (EMTA).
Ricard Font, el presidente del comité ejecutivo y secretario de infraestructuras y movilidad, intervino en nombre de la ATM y apostó por «hacer una transición hacia los ebuses y acomodar adecuadamente los nuevos servicios de movilidad al sistema de transporte, porque son una gran oportunidad para conseguir una movilidad sostenible en el interior de las ciudades y en los ámbitos metropolitanos«.
Para llevar a cabo la transición hacia los vehículos eléctricos, los miembros de la EMTA piden a la Unión Europea que apoye económicamente la innovación tecnológica, la digitalización y la compra de vehículos eléctricos, y también el desarrollo de las infraestructuras que se necesitarán para cargar y mantener este tipo de vehículos.
El coste de la transición.
Los miembros de la EMTA remarcan que el principal obstáculo para adquirir flotas de vehículos eléctricos es el elevado coste de éstas. Un vehículo eléctrico cuesta entre 460.000 y 600.000 euros, mientras que uno de las mismas dimensiones pero con un motor diésel cuesta entre 220.000 y 250.000 euros, y entre 260.000 y 300.000 euros los que disponen de un motor de gas.
También es verdad que a la hora de hacer una transición hacia una flota eléctrica hay que considerar el hecho de que aunque el vehículo en sí es más caro, a lo largo de su vida útil las cifras se equilibrarán debido a que el consumo será menor.
El beneficio ambiental de la transición.
Teniendo en cuenta que el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, óxidos de nitrógeno y partículas finas de Europa son creadas por el transporte, la transición hacia sistemas de transporte público más sostenibles es un importante reto para la salud pública y una herramienta esencial para luchar contra la congestión y la contaminación.
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